Denegación de la incapacidad temporal por fraude en el acceso a la prestación

Sep 4th, 2012 | por | Categoría: Opinión

En la regulación jurídica que la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) realiza de la incapacidad temporal en sus artículos 128 a 133, encontramos un escueto artículo 132 en el que se consignan las causas de suspensión, denegación o anulación de la prestación.

Entre estas, la letra a) señala: “Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación”.

Lo primero que nos resulta llamativo es la mínima atención legislativa que el texto dedica al estudio de las causas que pueden llevar a la denegación o pérdida de la prestación, lo que ha exigido una importantísima labor interpretativa de la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia. Situación que ha ido corrigiéndose en parte, en reformas posteriores, en lo que a la extinción propiamente dicha se refiere, y en especial por transcurso del plazo máximo (artículo 131 bis).

Inicialmente, y como premisa de trabajo de la que partir, vamos a considerar la prestación de incapacidad temporal por contingencia común, y en concreto los casos de enfermedad común, puesto que prácticamente en su mayoría son éstos los que acontecen en la práctica.

La entidad que tenga atribuida la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal, ya sea la Entidad Gestora o Mutua, podrá resolver (en el primer caso), o acordar (en el segundo), la denegación de la prestación, cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente, bien sea para el acceso a la misma, bien para su mantenimiento.

Se plantea una primera duda, de carácter formal, en cuanto a la competencia de las Entidades Colaboradoras para denegar, por el motivo expuesto, la incapacidad temporal. La jurisprudencia ha estudiado esta cuestión partiendo de la distinción entre actos de gestión y actividad sancionadora, en tanto los primeros estarían dentro del ámbito de actuación de las Mutuas, y no así aquellos que impliquen la imposición de sanciones, recurso limitado a organismos como el I.N.S.S. o la Inspección de Trabajo. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 6 de marzo de 2012; que a su vez hace referencia a las del Supremo de 5 y 9 de octubre de 2006 y 22 de julio de 2010 (Sala Social), concluye en relación a los tres supuestos del artículo 132 de la Ley General de la Seguridad Social: fraude, inasistencia a reconocimiento médico o trabajo por cuenta propia o ajena, que solo en el último de ellos se lleva a cabo una verdadera actuación sancionadora, prohibida a las Mutuas, lo que implica por lo que a nosotros nos interesa en este momento, que éstas si están facultadas para denegar la incapacidad temporal cuando el beneficiario se vale de fraude para su obtención o mantenimiento. Eso sí, será preciso que el acuerdo denegatorio reúna los requisitos procedimentales oportunos, en especial su motivación jurídica, todo ello en aras a evitar indefensión en el beneficiario.

Dilucidada la cuestión formal, resta el análisis de la cuestión de fondo: ¿cuándo opera el fraude como causa de denegación de la IT?. Aunque la casuística puede ser muy diversa, la más habitual nos sitúa ante supuestos en los que el trabajador accede a un puesto de trabajo, estando ya aquejado de una dolencia que le impide desempeñar sus funciones, siendo consciente de tal situación; por lo que realmente el contrato no es más que el medio (aparentemente legal), que emplea el beneficiario para poder lucrar una prestación.

Son requisitos para apreciar el fraude los siguientes:

  • Existencia de una dolencia, de por sí ya impeditiva. Se trata de patologías que justifican la existencia de la IT, es decir que imposibilitarían al trabajador el desempeño de su actividad, siendo precisa la asistencia sanitaria.
  • La situación descrita está presente desde el mismo momento de inicio de la relación laboral, por lo que el beneficiario no llega a prestar servicios para su empleador.
  • El trabajador es consciente de ello, y si no ha causado baja médica con anterioridad ha sido por no reunir los requisitos necesarios, fundamentalmente el de estar en alta.

El fraude obviamente debe ser acreditado por quien lo alega, en este caso por la Entidad que sostenga la denegación de la prestación; y al respecto la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 2 de abril de 2012 (Sala de lo Social, Sección 1ª), aclara que aunque “ (…) el fraude no puede presumirse, esta expresión ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario, pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de presunciones cuando entre los hechos demostrados, y el que se trata de deducir hay un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (…)”.

Diremos para terminar que efectivamente existe un derecho al trabajo constitucionalmente regulado (artículo 35 de la Constitución), pero es preciso el acceso al mismo en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño, en caso contrario podríamos hablar de fraude, si la única intención es acceder a la prestación, y no cumplir con el contrato.

 Antonio Flores Palacios

Abogado de Fremap

Twitter:@ant_fp

Etiquetas: , , , , ,

Deja un comentario

Debes de estar conectado para publicar un comentario.