El Delito de Contaminación Acústica: derecho al silencio y respeto a la vida privada

Oct 24th, 2012 | por | Categoría: Opinión

Vivimos en un país de volumen alto o ruidoso, la cultura de la calle, típica de países mediterráneos, y el carácter de sus habitantes acostumbrados tanto a generar como a asimilar el ruido, nos ofrece como resultado un problema del que “recientemente”, (en el año 2003 aparecen tanto la Ley del Ruido, como la primera sentencia condenatoria por delito de contaminación acústica), empezamos a ser conscientes: la contaminación acústica.

A todos nos son familiares los ruidos del tráfico, de las máquinas de la obra de turno, del ambiente en zonas de ocio y en el lugar de trabajo o aquellos ruiditos típicos de nuestros queridos vecinos, incluso hemos llegado a asimilar y adaptarnos inconscientemente a ese nivel acústico; y a todos nos ha tocado alguna que otra noche de insomnio al otro lado de la fiesta, saldada con un elenco de quejas, una mañana de resaca involuntaria y poco más, pero que pasa cuando esas noches, tardes o mañanas empiezan a tomar continuidad poniendo en riesgo nuestra intimidad, bienestar y calidad de vida, además de nuestra salud tanto física como psíquica?.

El sonido, al superar un nivel de decibelios, es susceptible de provocar daños en la salud de las personas y causar graves alteraciones en su bienestar  y ritmo de vida. Esta demostrado que la exposición prolongada a  un nivel elevado de ruido puede, dependiendo de la sensibilidad de cada persona, provocar alteraciones graves en el sueño, problemas auditivos, irritabilidad, inquietud, estrés, agresividad, incluso tiene efectos nocivos sobre sobre el embarazo,  no en vano, el ruido ha sido utilizado en métodos de tortura, por ejemplo, en la técnica Shabak donde se cubría la cabeza del sujeto con una bolsa y se le sometía a largos periodos de sonidos sumamente fuertes.

Dicho ésto, la realidad es que en nuestro país nos encontramos con una permisividad excesiva en cuanto al ruido, por ejemplo, aceptando y regulando el llamado “botellón”, o bien, haciendo uso  de un “derecho” a hacer lo que se nos antoje dentro del “reino de nuestra casa”: dentro de mi casa mando yo y hago lo que me da la gana. La consecuencia es que esta mal denominada libertad parece superponerse al derecho a la tranquilidad, al descanso, a no ser partícipes de fiestas ajenas y en definitiva a derechos fundamentales protegidos en nuestra Constitución como el derecho a la integridad física y moral (Art. 10), o el derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18).

Además,  la respuesta de las distintas administraciones, en la mayoría de los casos, es lenta e ineficaz, tanto en la actuación como en la producción normativa, dando lugar a procesos interminables durante los que muchos afectados optan necesariamente por cambiar de residencia, antes de soportar un mayor deterioro de su vida familiar y de su salud.

Jurídicamente la cuestión del ruido abarca varias disciplinas, y podemos encontrar respuestas tanto en el Derecho Administrativo (y dentro de este en el Derecho Ambiental) a través de Ordenanzas contra el ruido previendo sanciones, como en el Derecho Civil  que aunque no cita expresamente el ruido nos ofrece protección contra las consecuencias de este en varios artículos, como por ejemplo en su artículo 1902: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” y, como última ratio, en el Derecho Penal, que se va a ocupar de los casos más graves.

Centrándonos en la respuesta penal, a la cual se le otorga, teóricamente, un mayor poder disuasorio; fue en 1995 cuando se incorporó el término ruido en el artículo 325 del Código Penal:

“Será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 4 años (de dos a cinco años, tras ser modificado por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio), multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.”

Durante los primeros años la aplicación de este tipo fue meramente anecdótica, hasta febrero de 2003, cuando aparecela Sentenciadel Tribunal Supremo 52/2003, de 24 de febrero donde se inicia la doctrina jurisprudencial, siendo la primera vez que nuestro Tribunal Supremo se pronuncia sobre el delito ambiental en el campo acústico, condenando a dos años de prisión al dueño de una sala de fiestas por contaminación acústica y, dando lugar, de esta forma, a la “presentación en sociedad” del delito de contaminación acústica.

Para acudir al tipo básico del artículo 325 hemos de tener en cuenta los siguientes elementos: en primer lugar, se tiene que dar una infracción normativa de Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, y esas normas pueden provenir de cualquier administración siempre que esta tenga competencia para regular la protección del medio ambiente, con lo cual, se ha de tener en cuenta desdela Ley 37/2003 de 17 de noviembre hasta las Ordenanzas Locales, pasando por las Legislaciones Autonómicas.

En segundo lugar, se exige como elemento subjetivo del tipo la acción directa o indirecta, en ningún caso imprudente,  que produzca la emisión contaminante de, en este caso, sonido. Dicho de otra forma, se requiere que la conducta sea dolosa, incluyendo el dolo eventual, que el responsable de esa emisión conozca el riesgo grave que comporta su acción y, a pesar de ello, no desista en llevar a cabo la acción de peligro.

Y como tercer elemento del tipo básico,  dichas acciones tienen que dar como resultado un grave riesgo de perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales y/o para la salud de las personas. Este es el elemento decisivo a la hora de traspasar la línea meramente administrativa y entrar en el campo penal. En este punto hay que matizar que se trata de un supuesto de peligro abstracto, y no es necesario que se materialice ese grave perjuicio; de hecho, en caso de que se consumara el daño, tendríamos el delito de contaminación acústica en concurso con uno o varios delitos de lesiones, basta pues con demostrar que dicha acción constituye un riesgo grave para la salud de las personas o para el equilibrio de un sistema natural.

Esto último es probablemente lo más complicado ya que requiere un cierto juicio de valor. En varias sentencias del Tribunal Supremo se indican supuestos que pueden ayudar a determinar esa gravedad además de los pertinentes informes médicos, como son, la exposición reiterada a emisiones sonoras que superen aproximadamente en un 50%  a los límites de decibelios establecidos, en este caso hay que señalar que en la mayor parte de la normativa se establece como límite entre 35 decibelios en horario diurno y 30 decibelios en horario nocturno, con lo cual, el pasar de 45 o 50 decibelios, y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 40, supondría un dato determinante de esa gravedad, al igual que la reiteración y prolongación en el tiempo de esa emisión contaminante.

Finalmente, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 325 del Código Penal, si el grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena se impondría en su mitad superior, lo que nos lleva a un mínimo de 3 años y medio de pena de prisión, y si además  se incurriera en una de las seis circunstancias enumeradas en el artículo 326: “Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.”, en este supuesto,  partiríamos de un mínimo de 5 años de pena de privación de libertad, una pena que, unida a la correspondiente multa y a la inhabilitación especial, aporta un más que apreciable poder disuasorio.

En cualquier caso, mi excesiva confianza en el género humano me lleva a pensar que una de las soluciones mas importantes para la prevención y control del ruido, la podemos encontrar en una buena educación, formación y sensibilización ciudadana.

Entretanto llega ésta sería interesante que la respuesta administrativa fuese más directa y eficaz, por ejemplo, si aparcamos nuestro vehículo en un lugar inapropiado podemos ser “beneficiarios” de una buena sanción, eso sin contar con la “actuación estelar” de la grúa, sin embargo, podemos provocar una o varias noches de insomnio a una o varias familias a cambio de unas advertencias y algunas que otras quejas. Quizá si una adecuada multa y, en su caso, un cierre inmediato condicionado al cumplimiento de una correcta insonorización sustituyese a la primera advertencia, esto haría cambiar de opinión a más de un vecino y a más de un empresario.

En definitiva, a nuestro país le queda un largo camino aún para descansar en silencio.

 

Francisco Javier Reyes Canillas.

 Licenciado en Derecho.

Experto en Derecho Ambiental.

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